Corte Interamericana de Derechos Humanos Analiza Sanciones contra Nicaragua por el Encarcelamiento de Líderes Cristianos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos está deliberando si sancionar a Nicaragua por el encarcelamiento de 11 pastores y líderes ministeriales, en un caso que ha generado preocupación internacional sobre la persecución religiosa y el deterioro de los derechos humanos en el país.

La organización Alliance Defending Freedom (ADF) International llevó el caso ante el tribunal, argumentando que los líderes cristianos fueron injustamente condenados y sometidos a un proceso judicial sin garantías. Los pastores recibieron sentencias de entre 12 y 15 años de prisión, además de multas superiores a los 80 millones de dólares cada uno. Según la denuncia, fueron detenidos sin acceso adecuado a representación legal y sin poder comunicarse con sus familias.

El Departamento de Estado de EE. UU. aseguró su liberación en septiembre de 2024, junto con otros 124 prisioneros políticos, pero ADF sigue exigiendo justicia, insistiendo en que los pastores nunca debieron haber sido arrestados.

El gobierno nicaragüense justificó las condenas con acusaciones de lavado de dinero y crimen organizado, aunque en el juicio no se presentó evidencia concluyente. Los defensores de los pastores afirman que los cargos fueron fabricados debido a la creciente influencia de sus campañas evangelísticas. En 2023, la organización Mountain Gateway Order, Inc. llevó a cabo eventos religiosos masivos en Nicaragua, logrando llegar a un millón de personas, lo que habría incomodado a las autoridades.

Actualmente, los líderes cristianos permanecen en la clandestinidad, a la espera de la decisión de la Corte Interamericana. Mientras tanto, legisladores del Congreso de EE. UU. han pedido al gobierno de Joe Biden que imponga sanciones adicionales contra Nicaragua por la represión a la libertad religiosa.

ADF también está impulsando acciones en favor del obispo Rolando Álvarez, quien fue sentenciado a 26 años de prisión antes de ser exiliado. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre la creciente persecución contra cristianos bajo la administración del presidente Daniel Ortega.

Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, consolidaron su control del país mediante una enmienda constitucional en 2024, que les permitió extender el mandato presidencial, aumentar el control sobre los medios de comunicación y reforzar aún más su autoridad. Estas medidas han profundizado las preocupaciones sobre el estado de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua.

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