Protestantes bautistas desplazados en México sufren por inacción gubernamental

El 26 de abril, 150 protestantes bautistas fueron desplazados de las comunidades de Rancho Nuevo y Coamila en el estado de Hidalgo, México. Entre los desplazados se encuentran más de 70 niños y bebés, quienes han tenido que enfrentar la incertidumbre y la falta de apoyo gubernamental a pesar de las leyes de libertad religiosa en el país.

El desplazamiento, encabezado por líderes locales católicos, incluyó la interrupción del suministro eléctrico, el vandalismo de iglesias y el bloqueo del acceso a sus hogares. Inicialmente, los desplazados buscaron refugio en un edificio municipal, pero posteriormente fueron trasladados a un complejo deportivo.

A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades locales han mostrado una alarmante inacción. En lugar de brindar apoyo, el gobierno local aconsejó a los desplazados cumplir con las multas impuestas por los líderes católicos, que suman un total de 750,000 MXN (40,000 USD) por mantener su fe protestante.

El Director de Asuntos Religiosos del Estado de Hidalgo no ha logrado resolver el conflicto, y los funcionarios municipales sugirieron que las cuestiones se resolvieran de manera independiente. Durante las últimas dos décadas, el gobierno municipal no ha tomado ninguna acción significativa en relación con las violaciones religiosas en la región.

Christian Solidarity Worldwide (CSW) ha criticado la pasividad y negación de los gobiernos local y estatal, y ha instado al gobierno federal a intervenir y asumir la responsabilidad. Estas comunidades, de habla náhuatl, son gobernadas bajo el sistema de "Usos y Costumbres," lo que ha permitido perpetuar actos de violencia, como palizas, detenciones arbitrarias, negación de atención médica y confiscación de tierras.

Recientemente, el Pastor Rogelio Hernández Baltazar fue detenido arbitrariamente y se han reportado nuevas tomas de tierras. La persecución de cristianos en México ha aumentado, impulsada por la violencia de los cárteles de drogas, prácticas católicas tradicionalistas y discriminación. Open Doors USA ha informado un aumento en estos incidentes, describiéndolos como "violencia de clan."

Es evidente que la falta de acción gubernamental en Hidalgo no solo pone en peligro la libertad religiosa, sino que también agrava la crisis humanitaria de los desplazados. La comunidad internacional observa con preocupación, esperando que se tomen medidas concretas para proteger los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su fe.

Imagen destacada: David Medina