Nueve cristianos son expulsados de Turquía por actividades misioneras

En una decisión controvertida, el Tribunal Constitucional de Turquía ha confirmado la expulsión de nueve cristianos extranjeros acusados de llevar a cabo "actividades misioneras", consideradas un riesgo para la seguridad nacional bajo el código de inmigración N-82. A pesar de contar con residencia legal en el país, el tribunal sostuvo que la medida no viola sus derechos, destacando la amplia discreción de las autoridades públicas en asuntos de inmigración y control fronterizo.

La decisión, emitida por la Asamblea General del tribunal, marca el primer fallo colectivo sobre múltiples casos bajo el código N-82. Históricamente, el tribunal había decidido de manera unánime en contra de cristianos extranjeros en casos similares, pero esta vez reveló divisiones judiciales significativas.

El presidente del Tribunal Constitucional, Zühtü Arslan, emitió una opinión en disidencia argumentando que no existían pruebas de que las actividades de los cristianos amenazaran el orden público o la seguridad nacional. Arslan también criticó la aplicación del código N-82, sugiriendo que interfería con la libertad religiosa al categorizar de manera categórica las actividades misioneras como una amenaza.

La decisión ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional. ADF International y abogados que representan a los demandantes han condenado el fallo por falta de evidencia y por dirigirse injustamente contra trabajadores religiosos pacíficos. Se percibe como parte de un esfuerzo sistemático para reprimir las creencias cristianas en Turquía, reflejando un creciente nacionalismo e islamización que plantea desafíos para las minorías religiosas, especialmente los cristianos.

Desde 2018, aproximadamente 185 ministros protestantes extranjeros han sido deportados o prohibidos de ingresar a Turquía, acciones que se consideran contrarias a los convenios internacionales de derechos humanos. Aunque Turquía es signataria del Tratado de Paz de Lausana, que reconoce ciertas minorías religiosas, excluye a los protestantes, lo que plantea cuestiones sobre el cumplimiento de las obligaciones del país en materia de derechos religiosos.

Este fallo del Tribunal Constitucional turco subraya la creciente preocupación por las libertades religiosas y los derechos humanos en el país, así como las tensiones entre la tradición secular y las influencias religiosas en la política pública.

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